EDITORIAL 2da EDICIÓN

Editorial
Es legítimo y legal que ayuntamientos y ejecutivo estatal o federal hagan publicitar en medios de comunicación obras y actos de mucho o de poco impacto social; legítimo porque ambas entidades tienen el derecho y la obligación de informar a la sociedad lo que hacen, y legal porque además de la obligación de rendir cuentas, existe una partida presupuestada que se debe ejercer para realizar con eficacia la divulgación de los actos de gobierno.

Hasta motivo de crítica ingeniosa incluso ácida en extremo, es el recurso de rangos estratosféricos que a diario la instancia federal destina a propaganda oficial; también las instituciones públicas tienen su área de comunicación social para publicar hechos y eventos propios. Por la enorme cantidad de dinero diariamente se maneja, muchos periodistas, reporteros y columnistas sobre todo los llamados analistas o “santones” alcanzan a recibir beneficios pingües de los dineros públicos.

Por supuesto los hay convencidos --honestos-- de las bondades y utilidades de tal o cuál medida gubernamental y escriben y escriben para mostrar beneplácito y aceptación, pero en la otra punta que son los más, se encuentran aquellos que no aguantarían ni 24 horas sin los beneficios económicos de la propaganda oficial y acaso por mero instinto de conservación recurren al panegírico fácil o espontáneo y claro que se vale, porque nada mejor que ser agradecido. Lo que no se vale es cuando estos artesanos del halago que desperdician su talento en la lisonja supina, les niegan a otros el derecho a disentir o de plano atacan con rudeza innecesaria por haber cometido el delito de oponerse a la opinión oficial.

En ocasiones se exhibe tal fiereza en la embestida que parecería se buscara aniquilar a quien no comparte la “línea oficial” como si tratárase de peligroso enemigo a quien es preciso derrotar y someter por haberse atrevido a divergir o discrepar, ignorándose deliberadamente que DISENTIR no es choque, discordia ni disputa; el disenso, el derecho a disentir, es preferir una opción sobre la otra; tener una opinión distinta o simplemente pensar diferente. Nada personal.

Sin embargo, existen momentos en que parece abolido el Derecho a Disentir de la Postura Oficial, mostrándose una profunda falta de respeto al lector y al oficio mismo, cuando los maestros del halago oficialista intentan apabullar con cualquier número de frases ingeniosas y elaboración cuidadosa de arquetipos para el escarnio y la maledicencia con el claro afán de montar situaciones de ridículo tal que desanimen a cualquiera a exhibir su desacuerdo con la postura oficial.

Al presidente, al gobernador, al funcionario y al político de cualquier rango en ejercicio de la función pública le favorece la observación y crítica de quien tiene la “otra” visión de las cosas, como le indicó Nicolás Maquiavelo hace 500 años a Lorenzo II de Medici, pues desde la altura donde se encuentra el gobernante no puede ver lo que abajo mira el pueblo, nomás porque el divisadero del Príncipe es distinto al de la plebe; es, pues, no sólo el “cuídate del adulador” como también le advirtió, porque las encuestas y sondeos de opinión no resultan suficientes para conocer lo que se escucha en Radio Bemba, como los revolucionarios le denominaban al “decir y sentir” de la gente en la cuba de Fulgencio Batista.

Flaco favor le hacen al líder estatal Eduardo Bours Castelo y a los presidentes municipales, aquellos que no permiten a otros discrepar con programas del gobierno estatal como el Plan Sonora Proyecta el controvertido SUBA, ni manifestar beneplácito por la Reforma Electoral “porque el gobernador ya dijo que no está de acuerdo” ¿Cómo diablos podrá un gobernante conocer el sentir de la opinión pública si los encargados de difundirla hacen todo por ocultarla?

Aceptar el disenso es signo claro de madurez del gobierno y su sociedad, y porque en nada enaltece al oficio de reportero, columnista o periodista convertirse en panegirista profesional o adulador oficioso; es indispensable que respetemos incluso a quien no desea leernos.