AHORA Y HOY 6ta EDICIÓN

AHORA Y HOY

Por Zaira Liszt Luebbert Salmán.

“Si no quieres que se sepa, no lo hagas”: Proverbio Árabe.

Por lo escandaloso y espectacular de la noticia, la nota que apuntó convertirse en centro de atención de medios locales y estatales incluso nacionales, fue la consignada de manera espléndida por el corresponsal Agustín Rodríguez (Expreso, 23; 24/01/2008) para dar cuenta de cuantioso robo de gasolina y diesel en el poliducto Guaymas-Hermosillo, a treinta y tantos kilómetros del puerto.
No era aquel robo hormiga de inicio de los ochenta en mamilas de 13 galones --50 litros-- que conmocionó hace 25 años a la sociedad guaymense porque mantuvo en chirona a conocidos empleados de la terminal porteña de Petróleos Mexicanos y persiguió muchos más que penosamente la libraron y ahora soy gente “muy honorable” y hasta regidores. La diferencia es que en esta ocasión se trata de una ratería monumental a escala industrial con tecnología de punta, capaz de chuparle a la vena petrolera 130 mil litros de gasolina por semana.
Hacía más de 10 días que la paraestatal localizó la toma clandestina en la subestación de rebombeo en el kilómetro 32 + 037 del poliducto Guaymas-Hermosillo, ubicada en la parcela del ejidatario Miguel Galván del predio El Bayo, pero el oficio del agudo comunicador de Expreso Agustín Rodríguez obligó a las autoridades a romper el silencio y admitir públicamente el articulado latrocinio.
Efectivamente, fue hasta el pasado sábado 26 de Enero que la delegación de la Procuraduría General de la República emitió el Boletín Estatal número DPE/0380/08 cabeceado “AMPF INVESTIGA ORDEÑA DE PEMEX EN GUAYMAS” para informar que “Con motivo de la denuncia interpuesta por la paraestatal por el robo de combustible a través de una toma clandestina que fue detectada en el kilómetro 156 + 800 de la carretera Internacional México - Nogales, tramo Guaymas – Hermosillo, el Agente del Ministerio Público de la Federación avanza para esclarecer los hechos”
Petróleos Mexicanos a través de su enlace de comunicación social José Luis Moreno Martínez, aseguró que el viernes 11 de enero se “neutralizó” la válvula ilícita instalada furtivamente para ordeñar el ducto y el caso llegó a la prensa doce días después, pero hasta 26 de enero la autoridad investigadora competente admitió la existencia de la instalación furtiva, por lo cuál, por elemental sentido común, se puede deducir que se pretendió mantener oculto el robo masivo de combustibles. ¿Porqué?
Tan evidente que suena a perogrullada decir que el crimen organizado se desarrolla con apoyo de las autoridades y aquí, todos los caminos conducen a Roma:
¿Quién o quienes podrían conocen los puntos vulnerables de un poliducto? ¿Quién o quienes conocen y entienden el complejo funcionamiento del sistema de válvulas que regulan la conducción de combustibles en un sistema cerrado de conducción? ¿Quién o quienes pueden tener acceso, sin mover a la sospecha, a tecnología de punta para instalación de equipo de bombeo en una línea conductora de líquidos flamables, como las válvulas de seguridad y dispositivos de purgas --by pass-- o igualadores de presión? ¿Quién o quienes podrían pasar desapercibidos “trabajando” en una estación de rebombeo de combustibles en un poliducto propiedad de Petróleos Mexicanos? ¿Quién o quienes conocen los días y horas en que se bombea desde la terminal gasolina, diesel o gas avión? Acertó Usted, amble lector.
Porque no sólo se vulneró una instalación para lo cuál se requiere herramienta dominio de la técnica y herramienta especializada, o disponer de adminículos y artilugios con altísima tecnología, sino también hurgar en la tierra a través de 2 kilómetros, incluso cruzar la carretera internacional para internarse en un predio opuesto, y al mismo tiempo esconder con todo cuidado la tubería en la zanja que también se hizo en el concreto de los puentes del Km. 155 + 800, con un costo aproximado de 2 millones de pesos y una coordinación logística que ya quisiera un ejidatario de San José de Guaymas.
Sólo para dimensionar la enormidad de la operación, basta cuantificar las veces que fueron al Costco y al SAM en el mes de diciembre ingenieros, inspectores, jefes de turno, superintendentes y demás personal técnico y manual de Petróleos Mexicanos, y “nunca vieron nada” cuando pasaron por ese tramo carretero; ocioso mencionar los cientos de veces que pasaron los agudos agentes de la policía federal preventiva (PFP) con sus patrullas equipadas con poderosos reflectores y videocámaras y tampoco, ¡nunca vieron nada!
Por eso suena a vacilada que se diga una línea de investigación está orientada hacia los peones que rompieron la tierra y el concreto de los puentes carreteros, o hacia los transportistas que fueron contratados para el acarreo de equipos, y hacia los rancheros que rentaron el trozo de tierra para instalar el equipo ilícito.
Entre 2001 y 2003, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Arturo Galindo Romero dirigió una investigación por fraude y ordeña de combustibles en PEMEX, y trascendió que familiares y hermanos del ex-director general de PEMEX Francisco Rojas Gutiérrez resultaron implicados en el robo y adulteración de carburantes, entre ellos Sebastián Rojas Gutiérrez y Sebastián Rojas López, quien se hace llamar Carlos Garza Rodríguez y es conocido con el “alias” de “El Licenciado”, junto con su hijo Martín Rojas López. Los señores de la PGR bien podrían pedir copia de la investigación de los Reyes de la Ordeña. Vale.

EDITORIAL 6ta EDICIÓN

Editorial

En el Estado de Sonora ya casi nos acostumbramos al accionar de las autoridades cuando surge una protesta social: Judicializar la manifestación pública de molestia y hacerla delito; perseguir como peligroso delincuente al inconforme y encarcelar al quejoso. Sobran policías con uniforme o sin él que satisfechos levantarán con cualquier cantidad de violencia al infeliz atrevido que muestre públicamente su desacuerdo.

Ya está haciéndose práctica común resolver en barandillas las protestas sociales; hace 38 años se reformaron los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal para derogar el delito de disolución social, pero dejaron el delito de “ataques a las vías generales de comunicación” que sirve p’a lo mismo: Meter al bote a quien proteste.

Antes de entregar el poder a Luis Echeverría Álvarez, el presidente Gustavo Díaz Ordáz quiso ‘lavar’ la afrenta a la sociedad mexicana por la matanza de Tlaltelolco y promovió ante el Congreso de la Unión la eliminación del delito de disolución social, creado en el cardenismo para controlar asonadas e intentos de golpes de estado, pero terminó siendo usado para reprimir movimientos sociales como la huelga ferrocarrilera de 1959 y encarcelar a sus dirigentes Demetrio Vallejo y Valentín Campa, entre muchos otros.

Sin embargo y para vergüenza de muchos, los nuevos libros de historia muy pronto deberán consignar en sus páginas un dato que contraría la tradición sonorense en materia de lucha social; la represión a la lucha obrera en Cananea en Enero de 2008.

Hace 100 años el gobernador porfirista Rafael Izábal solicitó a los Rangers de Arizona su presencia para reprimir a los mineros; hoy es el gobernador de un partido ‘revolucionario’ quien convocó a las fuerzas federales para constreñir la protesta legítima.

Hace 100 años la lucha obrera era contra un extranjero, el coronel norteamericano dueño del mineral de cobre, William C. Greene; hoy, en el mismo lugar y a 100 años de distancia, la diferencia es que la lucha obrera es contra empresarios nacionalistas como los hermanos Jorge y Germán Larrea.

Parece ya definitivo que en México los obreros perdieron la lucha de clases, exactamente a 100 años de iniciada. La historia está al revés y así tiene que escribirse, con toda su estulticia, para vergüenza de todos, porque a todos nos mancha.

Por eso no sólo están los “Rangers” federales y un gobernador dispuestos a sofocar la protesta con la fuerza pública como lo hizo Izábal hace cien años con los Rangers de Arizona, ahora es con “apego a la Ley” mediante la confabulación de las autoridades del Trabajo y Previsión Social, y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con los dueños del Grupo México.

Por eso decía Carlos Marx en “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte” que se le olvidó a Hegel decir que los grandes hechos y personajes de la historia aparecen, como si dijéramos, dos veces, la primera vez como tragedia y la otra, como caricatura.

¡Que se escriba la historia!

AHORA Y HOY 5ta EDICIÓN

Editorial

Quienes tienen fascinación por eso que llaman política, siempre quieren saber las tareas que realizan los actores de la realpolitik pero de manera específica desean conocer eventos y detalles del trabajo del gobernante en turno, de quien hacen evaluación involuntaria casi de manera automática, y hasta le imponen mentalmente equis calificación en su desempeño, aunque muchas veces no por su trabajo, sino por la forma como perciben su personalidad y liderazgo, lo cuál es algo típico en el postmodernismo.
En el mundo “postmoderno” donde las imágenes y el lenguaje subliminal incluido el rumor son ingredientes básicos que conforman el imaginario colectivo a conveniencia de los creadores de esas trampas mentales, germinan con facilidad figuras como la del gobernador sonorense, dueño de gran carácter y fuerte personalidad que sostiene --se dice-- en su enorme fortuna personal y familiar.
Sin embargo, su liderazgo y personalidad de alto impacto no debe afectar el análisis sobrio de su trabajo político, y para hacerlo con objetividad se debe examinar con números fríos aciertos y errores, éxitos y fracasos; ganancias y pérdidas.
Los beneficios sociales y laureles políticos obtenidos en los cuatro años de gobierno se difunden hasta la molestia con métodos que ya quisiera Joseph Goebbels, responsable del ministerio de educación popular y propaganda de Adolfo Hitler, pero con tecnología y recursos de Don Walter, insustituible asesor del gobernador Eduardo Bours en cuanto a la implementación de programas de gobierno, publicidad y propaganda gubernamental, por lo cuál cobra “ríos de dinero” en opinión del autor de la procurada columna “Cerro de la Campana” (El Imparcial, 22/08/06)
Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en los últimos 5 años para el ingeniero Eduardo Bours, y hay quienes tienen la certeza que los reveses sufridos a la fecha superan a lo anunciado como grandes logros, incluso desde la época de candidato al gobierno estatal, lo cuál nos recuerda cuando no pudo imponer a ninguno de los suyos como candidatos a diputaciones locales ni para alcaldes de los municipios de San Luis, Hermosillo y Guaymas, por lo cuál no pudo controlar a su antojo el congreso en la anterior legislatura.
En San Luis Río Colorado no pudo el hoy gobernador hacer ganar a la candidata de la alianza PRI Sonora-Panal Adriana Aceves Pacheco, quien perdió contra el odiado alcalde Héctor Rubén Espino Santana; en Hermosillo no pudo impulsar al traumatólogo Manuel Robles Linares como candidato del PRI porque sabía perdería de calle contra la mujer elegida por al PAN como candidata, por ello se decidió a lo último por la prestigiada arquitecta Lourdes Angelina Muñoz Fernández para enfrentarla a Dolores del Río con los resultados de todos conocidos, y en Guaymas fue de antología la derrota que sufrió su --todavía-- favorito Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez a manos de Carlos Ernesto Zataráin González, quien promete darle otra paliza electoral pero esta vez en el ámbito estatal.
Pero si hablamos de una buena felpa en elecciones, todavía se comenta en los equipos de campaña del 2003 cuando el entonces candidato a gobernador no pudo alcanzar el enorme número de votos del diputado federal, pues Carlos Ernesto Zataráin obtuvo categórico y rotundo triunfo en el municipio de Guaymas al ganar el cien por ciento de las casillas del área urbana y rural incluidos los 8 pueblos yaquis, ejidos, centros de población y comunidades del valle, incluso en históricos ejidos como San José de Guaymas, Santa Clara y hasta la comisaría de San Carlos, llegando hasta Los Arrieros.
Él mismo anduvo muy cerca de perder frente al titular de la Conapesca Ramón Corral Ávila por la discutida diferencia de votos tan parecida a la experiencia de Felipe Calderón frente al solaztequino Andrés Manuel López Obrador.
Como candidato y previo a la elección constitucional del 2003, tampoco pudo Eduardo Bours imponer candidatos de los suyos para el congreso estatal, por eso no avanzaron como él quería los planes y leyes de ingresos y presupuestos de egresos que planteó a la soberanía legislativa, pero ya iniciada su gestión, han venido los reveses en cascada que sólo la costosa gestión de Don Walter ha logrado paliar un poco: Cuando decidió aquel famoso “redimensionamiento” consistente en correr de sus trabajos a la burocracia estatal basificada, los tribunales lo obligaron a reinstalar a los corridos; cuando ordenó la cancelación del bono sexenal y hasta las pensiones y jubilaciones que obtuvieron algunos funcionarios del más alto rango en el gobierno del estado, como el exdirector de la policía estatal y hasta un exprocurador, que ganaron el amparo interpuesto y se les debió reembolsar salarios caídos con todo lo demás.
En el ámbito electoral partidista el gobernador recibió “arrebiatados” un par de reveses de impacto aún imponderable; la primera cuando perdió Enrique Jackson la presidencia del PRI no obstante que en la interna lo hizo ganar en Sonora con 80% de los votos frente a Beatriz Paredes, y el otro revés cuando el PRI nacional modificó su estatuto para quitarle a los estados la facultad de trabar alianzas y coaliciones como la PRI-Panal; además, en el ámbito social todavía se comenta el revés que obtuvo el gobernador de importantes sectores de la sociedad cuando lo obligaron a suspender la venta del internado “Coronel J. Cruz Gálvez”, y en lo político el fracaso en la Reforma Electoral, donde no obstante la intensa presión mediática, el legislativo sonorense aprobó --sin los diputados priístas-- la reforma impulsada por el senado que se publicó el pasado martes 13 de noviembre, y de efectos todavía imponderables.

EDITORIAL 5ta EDICIÓN

Editorial

Quienes tienen fascinación por eso que llaman política, siempre quieren saber las tareas que realizan los actores de la realpolitik pero de manera específica desean conocer eventos y detalles del trabajo del gobernante en turno, de quien hacen evaluación involuntaria casi de manera automática, y hasta le imponen mentalmente equis calificación en su desempeño, aunque muchas veces no por su trabajo, sino por la forma como perciben su personalidad y liderazgo, lo cuál es algo típico en el postmodernismo.
En el mundo “postmoderno” donde las imágenes y el lenguaje subliminal incluido el rumor son ingredientes básicos que conforman el imaginario colectivo a conveniencia de los creadores de esas trampas mentales, germinan con facilidad figuras como la del gobernador sonorense, dueño de gran carácter y fuerte personalidad que sostiene --se dice-- en su enorme fortuna personal y familiar.
Sin embargo, su liderazgo y personalidad de alto impacto no debe afectar el análisis sobrio de su trabajo político, y para hacerlo con objetividad se debe examinar con números fríos aciertos y errores, éxitos y fracasos; ganancias y pérdidas.
Los beneficios sociales y laureles políticos obtenidos en los cuatro años de gobierno se difunden hasta la molestia con métodos que ya quisiera Joseph Goebbels, responsable del ministerio de educación popular y propaganda de Adolfo Hitler, pero con tecnología y recursos de Don Walter, insustituible asesor del gobernador Eduardo Bours en cuanto a la implementación de programas de gobierno, publicidad y propaganda gubernamental, por lo cuál cobra “ríos de dinero” en opinión del autor de la procurada columna “Cerro de la Campana” (El Imparcial, 22/08/06)
Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en los últimos 5 años para el ingeniero Eduardo Bours, y hay quienes tienen la certeza que los reveses sufridos a la fecha superan a lo anunciado como grandes logros, incluso desde la época de candidato al gobierno estatal, lo cuál nos recuerda cuando no pudo imponer a ninguno de los suyos como candidatos a diputaciones locales ni para alcaldes de los municipios de San Luis, Hermosillo y Guaymas, por lo cuál no pudo controlar a su antojo el congreso en la anterior legislatura.
En San Luis Río Colorado no pudo el hoy gobernador hacer ganar a la candidata de la alianza PRI Sonora-Panal Adriana Aceves Pacheco, quien perdió contra el odiado alcalde Héctor Rubén Espino Santana; en Hermosillo no pudo impulsar al traumatólogo Manuel Robles Linares como candidato del PRI porque sabía perdería de calle contra la mujer elegida por al PAN como candidata, por ello se decidió a lo último por la prestigiada arquitecta Lourdes Angelina Muñoz Fernández para enfrentarla a Dolores del Río con los resultados de todos conocidos, y en Guaymas fue de antología la derrota que sufrió su --todavía-- favorito Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez a manos de Carlos Ernesto Zataráin González, quien promete darle otra paliza electoral pero esta vez en el ámbito estatal.
Pero si hablamos de una buena felpa en elecciones, todavía se comenta en los equipos de campaña del 2003 cuando el entonces candidato a gobernador no pudo alcanzar el enorme número de votos del diputado federal, pues Carlos Ernesto Zataráin obtuvo categórico y rotundo triunfo en el municipio de Guaymas al ganar el cien por ciento de las casillas del área urbana y rural incluidos los 8 pueblos yaquis, ejidos, centros de población y comunidades del valle, incluso en históricos ejidos como San José de Guaymas, Santa Clara y hasta la comisaría de San Carlos, llegando hasta Los Arrieros.
Él mismo anduvo muy cerca de perder frente al titular de la Conapesca Ramón Corral Ávila por la discutida diferencia de votos tan parecida a la experiencia de Felipe Calderón frente al solaztequino Andrés Manuel López Obrador.
Como candidato y previo a la elección constitucional del 2003, tampoco pudo Eduardo Bours imponer candidatos de los suyos para el congreso estatal, por eso no avanzaron como él quería los planes y leyes de ingresos y presupuestos de egresos que planteó a la soberanía legislativa, pero ya iniciada su gestión, han venido los reveses en cascada que sólo la costosa gestión de Don Walter ha logrado paliar un poco: Cuando decidió aquel famoso “redimensionamiento” consistente en correr de sus trabajos a la burocracia estatal basificada, los tribunales lo obligaron a reinstalar a los corridos; cuando ordenó la cancelación del bono sexenal y hasta las pensiones y jubilaciones que obtuvieron algunos funcionarios del más alto rango en el gobierno del estado, como el exdirector de la policía estatal y hasta un exprocurador, que ganaron el amparo interpuesto y se les debió reembolsar salarios caídos con todo lo demás.
En el ámbito electoral partidista el gobernador recibió “arrebiatados” un par de reveses de impacto aún imponderable; la primera cuando perdió Enrique Jackson la presidencia del PRI no obstante que en la interna lo hizo ganar en Sonora con 80% de los votos frente a Beatriz Paredes, y el otro revés cuando el PRI nacional modificó su estatuto para quitarle a los estados la facultad de trabar alianzas y coaliciones como la PRI-Panal; además, en el ámbito social todavía se comenta el revés que obtuvo el gobernador de importantes sectores de la sociedad cuando lo obligaron a suspender la venta del internado “Coronel J. Cruz Gálvez”, y en lo político el fracaso en la Reforma Electoral, donde no obstante la intensa presión mediática, el legislativo sonorense aprobó --sin los diputados priístas-- la reforma impulsada por el senado que se publicó el pasado martes 13 de noviembre, y de efectos todavía imponderables.

EDITORIAL 4ta EDICIÓN

EDITORIAL

Como si ya fuera una realidad jurídica incontrovertible, blindada socialmente y resistente a la prueba de ácido, el pasado martes 30 de octubre el gobernador Eduardo Bours Castelo sorprendió a extraños --porque a los propios obviamente que no-- al tomarles protesta a quienes él invitó a integrar el Consejo Estatal de Vigilancia del Plan Sonora Proyecta, un organismo creado por el Acuerdo que crea el Consejo Ciudadano Estatal de Vigilancia del Plan Sonora Proyecta, publicado el 6 de Septiembre del 2007en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Tomo CLXXX, Número 20, Sección III.

Por la manera como acontecen las cosas en este llevado y traído Plan, el gobernador demuestra una vez y otra no temerle a los días martes porque fue el pasado 30 de mayo (martes) cuando les presentó a los diputados locales el Plan Sonora Proyecta, y también fue en día martes --14 de agosto-- que los integrantes del congreso estatal aprobaron el fideicomiso que manejará durante 3 décadas los 114 mil millones de pesos provenientes del cobro de los tres impuestos, y colocará en la Bolsa de Valores deuda estatal por 10 mil millones de pesos.

Pero además de esas cifras que marean por tanto cero a la derecha, lo relevante no es la condición cultural del gobernador, sino su peculiar manera de conducir un acto de gobierno que puede ser su consolidación como político en el ámbito nacional, por el alcance y proyección evidente, o su tumba política para próximas pizcas incluso del 2012.

Ejemplo de un desplome en el grado de aceptación fue la implementación del programa SUBA en la ciudad de Hermosillo, elaborado para elevar los bonos del gobernador porque ese Plan ya tenía 2 años elaborándose y en planeación, para que a las 24 horas de su triunfo rotundo como anfitrión de la XXV Reunión de Gobernadores Fronterizos celebrada en Puerto Peñasco, Sonora, quien lo puso internacionalmente en los “cuernos de la luna”, haya hecho bajar la popularidad del ingeniero Eduardo Bours en un porcentaje que realmente preocupó a quienes tienen la responsabilidad de mantener apuntalada la imagen del gobernador.

Al hilo de lo anterior, no logra entenderse como es posible que el gobierno del estado continúe apostándole a una causa que todavía no está segura, pues sobre ella está como espada de Damocles un recurso de inconstitucionalidad que la suprema corte de justicia de la nación admitió, el cuál fue interpuesto el pasado 5 de septiembre en punto de las 2 de la tarde --hora de México-- por 14 diputados del congreso sonorense, contra las reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.

La controversia está sustentada en el hecho de que el artículo 119 Bis que se le adicionó a la Ley de Deuda Pública el pasado 14 de agosto, con el fin de legalizar un acto todas luces ilegal como es el fideicomiso no público creado para manejar el monto de la recaudación de 3 impuestos de los próximos 6 gobiernos estatales, viola la Carta Magna en su artículo 117, el cuál prohíbe a los estados del País pedir dinero para pagar deuda pública --fracción VIII-- como lo determinó la Corte con un caso similar en Aguascalientes, al rechazar las reformas con idéntica intención.

Sin embargo, lo que sin duda motivó a los diputados a enfrentarse al gobernador, fue la constante querella que les planteaba a quien tuviera la desmesura de no creer dogmáticamente en su Plan Sonora, pues de inmediato era víctima visible del asedio oficialista y tratado como peligroso enemigo a quien se le debe someter urgentemente por haberse atrevido a disentir; esto y los 800 millones que no se ha dicho en qué se van a utilizar --ni como-- pues únicamente se sabe que 250 van a terminar en la bolsa de la empresa de consultores Protego, propiedad de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y cerebro creador del fideicomiso y fundador de la aerolínea Volaris.

El caso ha dado no sólo para entrar en el terreno del Folklore sino también en la especulación, donde hay quienes aseguran es el Plan Sonora Proyecta la Joya de la Corona del gobernador Eduardo Bours, pues argumentan que se trata de un muy inteligente e ingenioso Plan, pues si logra salir victorioso del Recurso de Inconstitucionalidad, tendrá una proyección inimaginable que lo colocaría en envidiable condición el 2009 y el 2012, y si lo pierde, ya tiene a quien señalar como culpables de su no cumplimiento a las promesas que realizó en campaña.

AHORA Y HOY 3ra EDICIÓN

Ahora y Hoy

Por Zaira Liszt Luebbert Salmán.

“Hoy no voy a declarar” ¿porqué? “¡Porque no me conviene!”: Florentino López Tapia.

Quizá desde mucho antes pero de manera metódica en los últimos 50 años, Guaymas ha vivido una rara versión de renuencia institucional a su propia historia quizá no en su acepción exacta de repulsa o desprecio por ella pero si en la de menosprecio y grosería; una curiosa modalidad de antipatía y desdén por sus documentos antiguos y elementos representativos de la ciudad como edificios, casonas y monumentos; hasta los paisajes típicos han sido modificados por eso que pomposamente se llama progreso.
Incluso, el nombre del emblemático Cerro Tetas de Cabra o Tacali como es y debe ser su nombre original, fue sustituido --sin que a nadie le importara-- por el galimatías gramatical Tetakawi y en poco tiempo desfigurado por carreteras y próximamente invadido por condominios exclusivos para gringos retirados.
Para explicar este fenómeno disfuncional acaso único en el mundo, muchos “analistas” espontáneos aseguran se debe al poco o nulo amor por Guaymas de algunos de sus gobernantes --presidentes municipales, síndicos y regidores-- por no ser oriundos del Puerto, como el nativo del estado de Nuevo León don Francisco Llano, que se dice ordenó tirar a una noria el archivo histórico de Guaymas, o Felipe Rivadeneira y Sauri con arraigo ascendencia en Yucatán o Sara Valle de Hermosillo y Vicente Pascual de Michoacán, por citar sólo algunos. Hasta el de Monte Lolita Bernardino Cruz Rivas también es de Hermosillo.
Para oponerse a la Tesis del gobernante fuereño se cita el caso de ingeniero Edmundo Chávez Méndez quien en su gestión ordenó levantar de las banquetas del centro histórico aquel hermoso y distinguido mosaico amarillo con su artística trenza negra que remataba en cada esquina con el orgulloso emblema muy guaymense “Mendivil y Lelevier” en ambas aceras de la avenida Serdán desde Palacio Municipal hasta la calle 15, y colocar fea loza de cemento sin más afán que gastarse apuradamente los enormes recursos de aquel programa federal de las 100 ciudades.
Es pertinente examinar el punto porque si oportunamente se hubiera futureado ahorita mismo Guaymas fuera envidiable Destino Turístico no por sus bellezas naturales y hermosos cerros que la inundan por dentro y la circundan por fuera, sino por todos aquellos hermosos edificios y fastuosas casas derruidas por criterios comerciales propios del “Realty” más que sobre bases históricas.
A la fecha no se entiende como se permitió demoler aquella hermosa casa que parecía castillo de los Robinson-Lelevier para construir en su lugar la ferretería Fer-Ver donde ahora está Interceramic, o el elegante edificio Hotel México para hacer la mueblería Guadalupana frente a la plaza 13 de julio donde ahora hay oficinas municipales; o destruir aquel hermoso chalet de la familia Lelevier en la calle 29 para la cooperativa Mar de Cortés, o la casa Wallace donde vivió el doctor Mendoza para que Paco Daued hiciera su restaurante El Zarape y luego El Jorongo.
También resulta incomprensible se haya demolido aquel hermoso edificio de piedra que albergara oficinas del Correo en la calle 17 y Serdán para que allí se hiciera la mueblería Zaragoza del Puerto de Guaymas y a la fecha sobreviven penosamente algunas edificaciones antiguas como la casa de don Pedro Alvín en la Calle 9 y los clásicos edificios que fueran del Banco de Sonora y Banco Nacional de México respectivamente, en las calles 21 y 22, así como la casa de la familia Zaragoza hoy Casa de la Cultura y la vivienda de la familia que fuera de don Arturo Morales donde ahora está el Instituto Miravalle, ambas en calle 14 y Serdán.
Quienes supieron del majestuoso Hotel Casa Grande, o la imponente construcción El Siglo XXI de García Bringas o la Mercería Alemana S.A de A. Bulle y Cía. y las casas Tapia, Cañez, o Bustamante que luego fue el Hotel Guaymense, o la casa de don Luis Martínez devorada por el fuego un 8 de abril de 1914, o los edificios de Proveedora de Buques, La Francesa, la tienda de Juan Zeniso y El Cosmopolita de José L. Iberri y Torcuato de la Huerta, La Constancia y otras como la casa de don Matías Alzúa donde ahora está el Colegio Ilustración, o la fábrica de calzado de Fun Chun Lung donde después se estableció La Casa Colorada de la familia Gutiérrez descritas por el fino poeta porteño Alfonso Iberri en “Las Viejas Casas de Guaymas” y en el libro “Guaymas de Ayer” de Teodoro Paz, no dudan en asegurar que haberlos preservado habría sido motivo de masivo turismo como llegó a serlo s en los años 50 y 60 sin San Carlos: Destino Turístico.
Nunca como ahora se lucha para ubicar a Guaymas de nuevo como Destino Turístico porque a la fecha no lo es a pesar del esfuerzo en los tres niveles de gobierno y millonarias inversiones para terminar el malecón turístico y completar la espléndida Marina Guaymas, a la par que se retira la cantera queretana que cubre la plaza de los 3 presidentes confiados en que no pase igual como a las banquetas adornadas con el bello mosaico de la compañía guaymense Mendívil y Lelevier, mientras muchos se preguntan con horror que tan a salvo estará el Archivo histórico de Guaymas en estos nuestros días. Vale.

EDITORIAL 3ra EDICIÓN

EDITORIAL

Las grandes noticias nacionales en momentos como ahora ocurren de manera vertiginosa al grado que unas con otras se concatenan de forma tal que parecen adminicularse entre sí por la manera como se entrelazan y le pegan social y políticamente al País. Es decir, asuntos que entre sí no tienen relación aparente logramos advertir un par de puntos de contacto en común: El impacto social y la repercusión económica, como es el caso de la ley del ISSSTE y los amparos en su contra, y el aumento al precio de las gasolinas, que por años no ha dejado de darse.
En cuanto a la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE en vigor desde el domingo uno de abril de este año, generó una movilización social en todo el País pero con mayor eficacia contundencia en el Distrito Federal, debido a la enorme concentración de trabajadores al servicio del estado en ese lugar. El motivo de tanta inconformidad que originó amparos colectivos por miles es que con el nuevo régimen de pensiones se cancelaron automáticamente derechos ya adquiridos y que por mandato constitucional son inalienables e irrenunciables, con menoscabo del artículo 123 de la constitución donde se establece que los trabajadores al servicio del Estado contarán con una jubilación, mientras la nueva Ley del Instituto ni siquiera menciona la palabra “Jubilación”; es decir, se acabó la Jubilación.
El motivo principal por el cuál se pidió el amparo y protección de la justicia federal contra la nueva Ley del ISSSTE es que hasta antes del día último de marzo la relación laboral con la Federación estaba regulada con una normatividad a través de la cuál el Estado mexicano le brindaba y garantizaba a sus trabajadores eso llamado Seguridad Social, pues la Ley abrogada contenía todos y cada uno de los ingredientes establecidos en la fracción XI del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.
El citado precepto establece los ingredientes indispensables --Bases Mínimas-- con los cuáles se compone el rubro denominado Seguridad Social que no es otra cosa que una Garantía Constitucional surgida del movimiento revolucionario de 1910-1917 y un mecanismo indispensable de redistribución de la riqueza que por si mismo se constituye en factor de equidad y combate a la pobreza y para entender el motivo de la inconformidad de los trabajadores y sus familias, un ejemplo corto:
En el área de salud se tenían 21 seguros, servicios y prestaciones y ahora sólo son 4 seguros y, además, por disposición de los artículos 28 y 29 de la nueva ley, la prestación de todos estos servicios y prestaciones dependerá y será determinada por las “reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que considere pertinentes, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará (y) propondrá asignaciones presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero”
Es decir, casi de manera mágica como el hábil prestidigitador frente a su chistera, el estado sustituyó una Ley que lo releva de la obligación de otorgar y garantizar a sus trabajadores Seguridad Social.
Los mexicanos no son ignorantes del tema Seguridad Social por ser un tema objeto de enseñanza obligatoria en los programas oficiales de educación elemental y básica, por lo cuál es de público conocimiento que es un Derecho de los mexicanos tutelado por nuestra Carta Magna, a través del cuál el Estado queda obligado a brindarle una mejor calidad de vida a los trabajadores, garantizándoles acceso a la asistencia médica y asegurar a sus familias ingreso económico decoroso en el ocaso de la vida productiva del trabajador o ante una eventualidad que limite el desarrollo de las capacidades laborales que le impidan valerse por sí mismo, incluso por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez e incluso a la muerte.
Adicionalmente, en la supervisión, interpretación y aplicación de la Nueva Ley fueron excluidas las instancias laborales y en su lugar se dispuso que será la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) dependiente de hacienda, las encargadas de interpretar y aplicar la ley; es decir, se dio el cambio del derecho laboral de la seguridad social al derecho mercantil de la seguridad individual, por eso, de ahora en adelante el procedimiento laboral será sustituido por un juicio mercantil o procedimiento administrativo y se invocarán códigos y leyes mercantiles como el Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ley de Protección al Ahorro Bancario, Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Inversión Extrajera, Ley Sobre el Contrato de Seguro, Ley Federal que Regula la Inversión Extranjera, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley de Sociedades de Inversión, del Mercado de Valores, Ley Federal de Correduría Pública, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y hasta la Ley Federal de Protección al Consumidor y en su momento, la Ley General de Deuda Pública.
En resumen, de haber sido un organismo que brindaba Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado como dice su nombre, pasó a ser, por Ley, únicamente administrador financiero al determinar, vigilar, recaudar y cobrar el importe de las Cuotas y Aportaciones, y demás recursos del Instituto; celebrar los contratos que requieran los seguros, prestaciones y servicios; invertir los Fondos de las Reservas y adquirir o enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines.
En cuanto al llevado y traído “gasolinazo” también generó animadversión porque de nuevo se mostró sin pudor la conducta confiscatoria del gobierno federal ahora a través del economista Agustín Carstens, incapaz de implementar una política recaudatoria basada en la ampliación del padrón de contribuyentes. ¿Hasta cuando?