EDITORIAL 6ta EDICIÓN

Editorial

En el Estado de Sonora ya casi nos acostumbramos al accionar de las autoridades cuando surge una protesta social: Judicializar la manifestación pública de molestia y hacerla delito; perseguir como peligroso delincuente al inconforme y encarcelar al quejoso. Sobran policías con uniforme o sin él que satisfechos levantarán con cualquier cantidad de violencia al infeliz atrevido que muestre públicamente su desacuerdo.

Ya está haciéndose práctica común resolver en barandillas las protestas sociales; hace 38 años se reformaron los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal para derogar el delito de disolución social, pero dejaron el delito de “ataques a las vías generales de comunicación” que sirve p’a lo mismo: Meter al bote a quien proteste.

Antes de entregar el poder a Luis Echeverría Álvarez, el presidente Gustavo Díaz Ordáz quiso ‘lavar’ la afrenta a la sociedad mexicana por la matanza de Tlaltelolco y promovió ante el Congreso de la Unión la eliminación del delito de disolución social, creado en el cardenismo para controlar asonadas e intentos de golpes de estado, pero terminó siendo usado para reprimir movimientos sociales como la huelga ferrocarrilera de 1959 y encarcelar a sus dirigentes Demetrio Vallejo y Valentín Campa, entre muchos otros.

Sin embargo y para vergüenza de muchos, los nuevos libros de historia muy pronto deberán consignar en sus páginas un dato que contraría la tradición sonorense en materia de lucha social; la represión a la lucha obrera en Cananea en Enero de 2008.

Hace 100 años el gobernador porfirista Rafael Izábal solicitó a los Rangers de Arizona su presencia para reprimir a los mineros; hoy es el gobernador de un partido ‘revolucionario’ quien convocó a las fuerzas federales para constreñir la protesta legítima.

Hace 100 años la lucha obrera era contra un extranjero, el coronel norteamericano dueño del mineral de cobre, William C. Greene; hoy, en el mismo lugar y a 100 años de distancia, la diferencia es que la lucha obrera es contra empresarios nacionalistas como los hermanos Jorge y Germán Larrea.

Parece ya definitivo que en México los obreros perdieron la lucha de clases, exactamente a 100 años de iniciada. La historia está al revés y así tiene que escribirse, con toda su estulticia, para vergüenza de todos, porque a todos nos mancha.

Por eso no sólo están los “Rangers” federales y un gobernador dispuestos a sofocar la protesta con la fuerza pública como lo hizo Izábal hace cien años con los Rangers de Arizona, ahora es con “apego a la Ley” mediante la confabulación de las autoridades del Trabajo y Previsión Social, y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con los dueños del Grupo México.

Por eso decía Carlos Marx en “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte” que se le olvidó a Hegel decir que los grandes hechos y personajes de la historia aparecen, como si dijéramos, dos veces, la primera vez como tragedia y la otra, como caricatura.

¡Que se escriba la historia!